Malestar en la Escuela de Ingeniería Agraria por la implantación en Salamanca de un máster agronómico.
Javier López Díez, Director de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (ESTIA) de la Universidad de León, ha expresado su malestar por la implantación en Salamanca del Máster en Ingeniería Agronómica, medida que fue aprobada en la pasada reunión de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León, al tiempo que ha solicitado su “paralización urgente”.
Se trata de una nueva enseñanza que competirá con la que se ofrece en León y Palencia, en donde se encuentran las dos Escuelas de Ingeniería Agraria históricas y consolidadas de la comunidad, en las que se viene impartiendo el ciclo superior de Ingeniero Agrónomo, ciclo que es el origen de este nuevo máster.
En opinión de Javier López, la Junta incumple su compromiso ya que “viola los principios de ordenación que había propugnado en su propuesta inicial, cuando en enero hizo público el borrador de un decreto que regularía el mapa de titulaciones y los requisitos para su oferta”. En el citado borrador se establecía que ese mapa se haría público en abril, momento en el que se podrían solicitar nuevos títulos.Desde la dirección de la ESTIA de León, y como ya hiciera el propio Rector, José Angel Hermida, en la última reunión del Consejo de Universidades, se solicita la paralización urgente del permiso de implantación del máster, por entender que “supone un grave ataque a las universidades de León y Valladolid, que están asumiendo en este momento importantes esfuerzos de racionalización en la oferta de títulos en el ámbito agrario, en un momento en el que precisamente se está criticando la excesiva oferta de estas enseñanzas”.
A este respecto, Javier López explica que “el Máster en Ingeniería Agronómica ya se oferta en dos universidades públicas, y no es de recibo que en el marco actual de contención de gasto público, recortes y crisis económica, la Junta de Castilla y León permita su implantación en Salamanca”.
Esta actuación de la Junta “divide y fragmenta aún más la oferta universitaria pública de nuestra comunidad, lo que pone en riesgo su continuidad y la de otros títulos a medio o largo plazo, ya que puede provocar que el número de plazas por centro no cubra los mínimos que establezca la Consejería de Educación”.