"El momento de la verdad". (Artículo de Pedro R. García Barreno).

La prosperidad de una nación, el bienestar de sus ciudadanos y sus perspectivas de futuro descansan en la fortaleza de su sistema educativo, la solidez de sus estructuras democráticas y en la vitalidad de su iniciativa científico-tecnológica. En nuestro tiempo, el entramado ciencia-tecnología afecta a cualquier aspecto de la política: seguridad nacional, economía, energía, materias primas, educación o salud.

Oleadas de tecnologías innovadoras han hecho de las sociedades desarrolladas las más avanzadas de la historia y han posibilitado una economía más competitiva, creado millones de puestos de trabajo y respaldado nuestro estándar global de vida. Pero tales logros no aparecieron de la noche a la mañana. Son el resultado de un compromiso mantenido a lo largo de decenas de años que ha tenido como objetivo fomentar el descubrimiento científico y el desarrollo de nuevas tecnologías. La obligación contraída entre los recursos educativos, formativos y de investigación científica de las Universidades, la financiación pública y la transferencia tecnológica por la industria, ha sido el factor protagonista para mantener el liderazgo tecnológico para el desarrollo.

La evolución del “gasto” en I+D en España no solo ha perdido el ritmo de crecimiento que a duras penas había alcanzado sino que ha ido a la baja. Descenso más acentuado en el sector privado, situación que debe invertirse con prontitud si se quiere garantizar el crecimiento económico y la generación de empleo partiendo de la base de un cambio del modelo productivo. En el periodo 2008-2012 se redujo en más de una tercera parte el número de empresas españolas con actividad de I+D, en una cuarta parte aquellas en las que tal actividad se había consolidado y en más de la mitad las empresas con actividad innovadora. Del lado de la academia la situación ha ido pareja. Además, nuestro país, tradicionalmente, aqueja una debilidad patente en otro aspecto no menos importante: la transferencia tecnológica. España se sitúa muy por detrás de otros países de su entorno geopolítico tanto en el número de patentes solicitadas como, lo que es más importante, en los porcentajes de las otorgadas y de las licenciadas.

En este escenario, existe un consenso unánime en que la única manera de revertir la situación actual es incrementar la “inversión” en I+D. “Se han repartido ya las cartas de la nueva e importante partida que jugaremos en Europa durante los próximos siete años, en lo que a investigación e innovación se refiere”. El Programa Horizonte 2020 —en concurrencia competitiva— y los nuevos Fondos Estructurales Europeos —a priori— ofrecen a España la posibilidad de obtener una cantidad equivalente al 72% de la partida de subvenciones y créditos al I+D de los PGE que, de todos modos, debe ser incrementada y consolidada internamente. Con ser la financiación el elemento que se ha impuesto en el debate, existe otro igualmente importante: la transferencia del conocimiento.

Es necesario promover iniciativas para que los resultados de investigación lleguen al mercado en las condiciones exigidas para invertir en ellos.

Transferencia tecnológica que exige, al menos, dos acciones complementarias. Primero, promover un cambio cultural en el que la búsqueda de conocimiento per se y su conversión en desarrollo e innovación sean un objetivo común de los investigadores que realizan su labor en el sector público. A la vez, impulsar la profesionalización de las labores de transferencia desde la detección de la idea hasta su comercialización, pasando por el correspondiente desarrollo. Tales acciones pretenden ejercer un papel dinamizador en la maquinaria de la transferencia del conocimiento a la sociedad mediante una gestión profesional de la transferencia y fortaleciendo las relaciones con todos los agentes involucrados en el proceso: investigadores, OTRI, instituciones y empresas. A la par, es necesario promover iniciativas que cubran el vacío estructural que existe en el sistema español de I+D que impide que los resultados de la investigación con posibilidades de desarrollo lleguen al mercado en las condiciones exigidas para invertir en ellos. En este doble escenario centra sus esfuerzos la Fundación Botín mediante sus programas de apoyo a investigadores e instituciones (Mind-the-Gap).

De no corregirse las debilidades estructurales del sistema, la financiación anhelada seguirá siendo mero gasto y subvención, palabras normalmente utilizadas al hablar del sector e incompatibles con el cambio pretendido. Definir objetivos estratégicos; promover una cultura de transferencia tecnológica; coordinación, confianza y, en muchos casos, profesionalización de los actores del sistema; control de los resultados; implementar mecanismos para evitar las diferentes duplicidades y la profusión de “inmuebles”; censurar la protección de patentes que nunca debieron serlo; articular un marco financiero adecuado… En resumen, potenciar lo que realmente funciona y amortizar lo vano.

La riqueza del futuro, la eficiencia energética, los recursos agropecuarios, la próxima generación de fármacos o instrumentos, la comprensión de patologías hoy rebeldes o la aplicación de nuevos procedimientos, dependen del conocimiento de hoy. Por todo ello, la reserva estratégica imprescindible para construir un futuro esperanzador es el establecimiento de un fondo de garantía de educación, formación, ciencía y tecnología.

Pedro R. García Barreno es catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid