Las Facultades de Derecho cierran filas en la Universidad de León por una aplicación ética de la inteligencia artificial en la formación jurídica
- El secretario de Estado de Justicia inaugura en la ULE la conferencia de decanos y decanas de Derecho y defiende la incorporación de la IA y las nuevas tecnologías a la Justicia con plenas garantías y una visión humanista, destacando el impulso del lenguaje jurídico claro y el papel de las clínicas jurídicas en la formación de los futuros juristas
- Las universidades defienden las Clínicas Jurídicas como espacios de reflexión y comunicación inmediata entre alumnado y docentes y reclaman una cultura común de lenguaje jurídico claro como garantía del Estado de Derecho
León, 28 de mayo de 2026. Las Facultades de Derecho de España apuestan por un uso ético de la Inteligencia Artificial, capaz de acelerar tareas en segundos, en paralelo al imprescindible aprendizaje del juicio crítico, la ponderación de principios constitucionales y la resolución de nuevos dilemas éticos que la tecnología, por sí sola, no es capaz de abordar.
Así se ha puesto de manifiesto en el marco de la XXXIII Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España, que reúne en la Universidad de León a representantes de más de 70 universidades públicas y privadas del país y que ha contado con la participación del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, durante su acto inaugural.
Olmedo ha enmarcado estas jornadas en un momento “clave” para la transformación de la Justicia en España y ha defendido la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial al ámbito jurídico “con plenas garantías de seguridad jurídica” y siempre desde una visión “humanista”, centrada en la protección de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.
En su intervención, el secretario de Estado ha vinculado varios de los ejes de debate de la Conferencia con algunas de las líneas estratégicas que impulsa actualmente el Ministerio, como el avance hacia un lenguaje jurídico claro y comprensible para la ciudadanía, la modernización tecnológica de la Administración de Justicia o el fortalecimiento de las clínicas jurídicas como espacios de formación práctica y atención a colectivos vulnerables.
Asimismo, ha subrayado la importancia de que las facultades de Derecho sigan formando profesionales capaces de afrontar los nuevos desafíos tecnológicos y jurídicos, y ha reivindicado la necesidad de combinar innovación, ética y servicio público en la construcción del modelo de Justicia del futuro.
RETOS DE LA FORMACIÓN JURÍDICA
Por su parte, la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la ULE, María José Vieira Aller, ha destacado la importancia de la cooperación interuniversitaria como herramienta clave para avanzar en la mejora de la formación jurídica, y ha subrayado los retos que afronta la enseñanza del Derecho en un contexto de transformación tecnológica, social y normativa.
En este sentido, el presidente de la Conferencia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, ha defendido que el dominio de la norma y de los conceptos jurídicos sigue siendo imprescindible para lograr un uso adecuado de la inteligencia artificial, recordando que las facultades deben centrarse en enseñar aquello que la IA no domina: “pensar, dudar y decidir”.
Asimismo, ha señalado que las instituciones académicas no deben competir con la inteligencia artificial, sino reforzar la formación de la “arquitectura mental” de los futuros profesionales del Derecho, llamados a desempeñar un papel clave en la defensa de los derechos humanos, la seguridad jurídica y la democracia en un entorno tecnológico en transformación.
Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Díez, ha puesto en valor el papel de las universidades como espacios de conocimiento, progreso social y formación integral, destacando la importancia del trabajo que desarrollan decanos, docentes e instituciones académicas para seguir mejorando la calidad de la enseñanza superior, a la par que ha subrayado la relevancia de encuentros como esta Conferencia para afrontar retos que afectan al conjunto de la sociedad.
La decana de la Facultad de Derecho de la ULE, Susana Rodríguez Escanciano, ha ejercido como anfitriona del acto inaugural, que ha contado además con la presencia de autoridades institucionales, entre ellas el Procurador del Común, Tomás Quintana; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón.
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA IA
La Inteligencia Artificial es, precisamente, uno de los ejes centrales de análisis de esta edición, en la que el Grupo de Trabajo sobre IA y su papel en la docencia, la investigación y la transformación académica ha abogado por el desarrollo ético de estas herramientas y por el aprovechamiento de sus oportunidades formativas en la preparación de los profesionales del futuro.
Tal y como ha señalado el decano de la Facultad de Derecho y de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija, Alfonso López de la Osa Escribano, se trata de que los futuros juristas puedan tomar las mejores decisiones en cuestiones con impacto real en las personas, en la protección de los derechos fundamentales, en la seguridad colectiva y en la defensa del Estado de Derecho.
El grupo ha subrayado que el impacto de la inteligencia artificial en la docencia, la investigación, el ejercicio de la abogacía y la Administración de Justicia supone una auténtica revolución de paradigma, con un elevado potencial para incrementar la eficacia y eficiencia del trabajo jurídico, aunque acompañado de importantes desafíos éticos y profesionales que deben ser necesariamente abordados.
Clínicas jurídicas frente al impacto de la IA
El modelo y funcionamiento de las clínicas jurídicas es también objeto de estudio por parte de otro Grupo de Trabajo que presentará su análisis y conclusiones en el seno de la XXXIII Conferencia. Las más de 40 clínicas jurídicas de universidades españolas, concebidas para prestar asesoramiento gratuito a personas o colectivos en situación de vulnerabilidad, son, para los coordinadores del Grupo, Javier García Medina (Universidad de Valladolid) y Clara Viana Ballester (Universidad de Valencia), espacios docentes para la “reflexión, la inmediatez en la comunicación entre estudiantado y docentes, el trabajo honesto y la responsabilidad” frente al impacto de la IA.
Además, el documento que defenderán en la reunión recuerda la necesidad de que las facultades y universidades las doten de recursos financieros, materiales y humanos y propone establecer colaboraciones con los colegios de abogados, siempre teniendo presente el alcance de la atención que estos centros pueden prestar, ya que tienen carácter formativo. Asimismo, aboga por integrarlas en la formación del alumnado, incorporar esta labor al currículum como asignatura y contratar profesorado clínico (profesorado asociado asistencial), entre otros aspectos.
APUESTA POR LENGUAJE CLARO Y PRECISO
La Conferencia auspiciará la presentación del trabajo llevado a cabo por el Grupo centrado en el tema Lenguaje jurídico claro y preciso, coordinado por Rosa Rodríguez Bahamonde, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Según sus análisis, las facultades de Derecho, pese a formar parte de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, no apuestan por el “lenguaje jurídico claro y preciso” como política estructural, de modo que las actividades aisladas que se emprenden no conectan con la accesibilidad, la ciudadanía y la metodología innovadora.
A ello hay que sumar dificultades vinculadas al alumnado como la búsqueda de equivalencias incorrectas al lenguaje técnico, su cada vez menor receptividad al lenguaje, tanto oral como escrito, y la falta de formación en materias como el latín, de uso aún habitual en el ámbito jurídico.
El Grupo de Trabajo considera fundamental crear una cultura homogénea en el sistema universitario bajo la premisa de que la claridad y precisión del lenguaje jurídico constituyen un elemento esencial del Estado de Derecho por su estrecha vinculación con la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el acceso real de la ciudadanía a la comprensión del Derecho. Además, apuesta por incorporar la competencia de comunicación jurídica clara y precisa en el catálogo de competencias del Grado en Derecho y, en el caso del Máster de Acceso a la Abogacía y Procura, incluir formación en redacción comprensible de escritos procesales y en la explicación clara de decisiones jurídicas a clientes no juristas.
Reforma de los estudios de Derecho
La XXXIII Conferencia programa también la exposición del Grupo de Trabajo Evaluación del proceso de Bolonia 20 años después, un ambicioso proyecto sobre la reforma de los estudios de Derecho que contempla una fase inicial de diagnóstico de la situación pasada y presente y una segunda fase en la que se plantearán propuestas de mejora del modelo formativo.
El grupo, coordinado por Xulio Ferreiro Baamonde (Universidade da Coruña), ha analizado ya las acciones puestas en marcha por distintas universidades, permitiendo extraer conclusiones preliminares sobre la heterogeneidad de los planes de estudio, la desigual presencia de materias humanísticas, la limitada incorporación de asignaturas de deontología jurídica y la necesidad de reforzar la actualización de los planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.